Portal de Derecho Agroalimentario

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Legislación, jurisprudencia, doctrina y asesoramiento de Derecho Agrario, Agroalimentario y Política Agrícola Común

 
 
 
 

Reglamento (CE) 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009 , por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n o 1290/2005, (CE) n o 247/2006, (CE) n o 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) n o 1782/2003

Las reformas de la política agrícola común (PAC) aprobadas en 2003 y 2004 incluían disposiciones destinadas a evaluar su eficacia. En este contexto, la Comisión presentó al Parlamento Europeo y al Consejo una comunicación titulada “Preparándose para el “chequeo” de la reforma de la PAC”, con fecha de 20 de noviembre de 2007. Dicha comunicación y los ulteriores debates que el Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones mantuvieron sobre sus principales elementos, así como numerosas contribuciones resultantes de la consulta pública, deben tenerse en cuenta.

La experiencia acumulada desde la aplicación del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda pone de manifiesto en particular la necesidad de ajustar determinados elementos del mecanismo de ayuda. Debe ampliarse, en particular, la disociación de la ayuda directa y simplificarse el funcionamiento del régimen de pago único. Además, el Reglamento (CE) no 1782/2003 ha sido modificado sustancialmente en varias ocasiones. Habida cuenta de todo lo anterior y por motivos de claridad, debe ser derogado y sustituido por el presente Reglamento.

El Reglamento (CE) no 1782/2003 establecía el principio de que a los agricultores que no respetasen determinadas exigencias en materia de salud pública, sanidad animal y vegetal, medio ambiente y bienestar animal se les aplicarían reducciones de la ayuda directa o serían excluidos del beneficio de la misma. Este sistema de “condicionalidad” forma parte integrante de la ayuda comunitaria concedida en virtud de los pagos directos y, por lo tanto, debe mantenerse. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que una serie de exigencias incluidas en el ámbito de aplicación de la condicionalidad no están suficientemente relacionadas con la actividad agraria o las tierras agrarias o conciernen más a las autoridades nacionales que a los agricultores. Por lo tanto, resulta procedente adecuar el ámbito de aplicación de la condicionalidad.

Además, con objeto de evitar que las tierras agrarias sean abandonadas y de garantizar que se mantengan en buenas condiciones agrarias y medioambientales, el Reglamento (CE) no 1782/2003 creó un marco comunitario en función del cual los Estados miembros adoptan normas atendiendo a las características específicas de las zonas correspondientes, entre las que se incluyen las condiciones edafológicas y climáticas y los sistemas de cultivo, la utilización del suelo, la rotación de cultivos, las prácticas de cultivo y las estructuras agrarias existentes. Es preciso mantener este marco. No obstante, la experiencia ha mostrado que la pertinencia y los efectos beneficiosos que tienen algunas normas no son suficientes para justificar su aplicación por todos los Estados miembros, razón por la cual esas normas deben convertirse en facultativas para los Estados miembros. Sin embargo, para garantizar que el marco sea lo más coherente posible, una norma no debe ser facultativa si antes de 2009 el Estado miembro de que se trate ya hubiera definido un requisito mínimo en virtud de la misma o si existen normas nacionales que se refieren a ella.

La supresión, de conformidad con el presente Reglamento, de la retirada de tierras obligatoria dentro del régimen de pago único podría, en algunos casos, tener efectos adversos en el medio ambiente, en particular en lo que atañe a determinados elementos paisajísticos. Por lo tanto, resulta adecuado reforzar las disposiciones comunitarias que tienen como finalidad proteger elementos paisajísticos concretos. En determinadas situaciones, los Estados miembros deben poder estipular también el establecimiento o el mantenimiento de hábitats.

La protección y la gestión del agua en el contexto de la actividad agraria se han convertido paulatinamente en un problema en determinadas regiones. Por lo tanto, el marco comunitario en materia de buenas condiciones agrarias y medioambientales debe reforzarse también con el objetivo de proteger el agua contra la contaminación y las escorrentías y gestionar su uso.

En el Reglamento (CE) no 1782/2003 se reconoció el efecto medioambiental positivo de los pastos permanentes. Deben mantenerse las medidas de dicho Reglamento destinadas a fomentar el mantenimiento de los pastos permanentes existentes y prevenir su transformación masiva en tierras de cultivo.

Con objeto de lograr un mayor equilibrio entre los instrumentos destinados a promover una agricultura sostenible y los destinados a fomentar el desarrollo rural, el Reglamento (CE) no 1782/2003 introdujo un sistema obligatorio de reducción progresiva de los pagos directos (“modulación”). Este sistema debe mantenerse y debe incluir la exención de pagos directos de hasta 5000 EUR.

Los ahorros obtenidos a través de la modulación se emplean para financiar medidas en virtud de la política de desarrollo rural. Desde la adopción del Reglamento (CE) no 1782/2003, el sector agrícola ha tenido que hacer frente a una serie de nuevos y exigentes desafíos como el cambio climático y la creciente importancia de la bioenergía, así como la necesidad de una mejor gestión del agua y una protección más eficaz de la biodiversidad. La Comunidad, como Parte en el Protocolo de Kyoto, se ha visto abocada a adaptar sus políticas a la luz de consideraciones ligadas al cambio climático. Además, a raíz de los graves problemas relacionados con la escasez de agua y la sequía, el Consejo consideró en sus conclusiones sobre “Escasez de agua y sequía” de 30 de octubre de 2007, que los temas vinculados a la gestión del agua en la agricultura debían tratarse con mayor atención. Asimismo, el Consejo puso de relieve en sus conclusiones “Detener la pérdida de biodiversidad” de 18 de diciembre de 2006, que la protección de la biodiversidad sigue siendo un desafío trascendental y, aunque se han logrado avances importantes, la consecución del objetivo en materia de biodiversidad de la Comunidad para 2010 exigirá esfuerzos adicionales. Además, puesto que la innovación puede contribuir, en particular, al desarrollo de nuevas tecnologías, productos y procesos, apoyará los esfuerzos para hacer frente a estos nuevos desafíos. La caducidad, en 2015, del régimen de cuotas lecheras en virtud del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas impondrá a los productores de leche esfuerzos concretos para adaptarse al cambio de condiciones, especialmente en las regiones desfavorecidas. Sería, por tanto, conveniente definir también esta situación particular como un nuevo desafío al que los Estados miembros deben poder hacer frente con vistas a garantizar un “aterrizaje suave” de sus industrias lácteas.

La Comunidad es consciente de la necesidad de abordar estos nuevos desafíos en el ámbito de sus políticas. En el contexto de la agricultura, los programas de desarrollo rural adoptados en virtud del Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), constituyen una herramienta apropiada para ocuparse de ellos. Para permitir a los Estados miembros revisar sus programas de desarrollo rural consecuentemente sin necesidad de reducir sus actividades actuales de desarrollo rural en otras áreas, resulta necesario contar con financiación adicional. Sin embargo, las perspectivas financieras para el período 2007-2013 no prevén los medios financieros necesarios para reforzar la política de desarrollo rural de la Comunidad. En tales circunstancias, debe movilizarse una gran parte de los recursos financieros necesarios mediante un aumento gradual de la reducción de los pagos directos a través de la modulación.

La distribución de la ayuda directa a la renta entre los agricultores se caracteriza por la asignación de una parte importante de los pagos a un número bastante reducido de grandes beneficiarios. Es evidente que los beneficiarios de mayor entidad no necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria para que se logre eficientemente el objetivo de la ayuda a la renta. Por otra parte, su potencial de adaptación les permite más fácilmente funcionar con niveles más bajos de ayuda unitaria. Por lo tanto, es justo esperar que los agricultores con grandes cantidades de ayuda aporten una contribución especial a la financiación de las medidas de desarrollo rural que abordan nuevos desafíos. Por lo tanto, es apropiado establecer un mecanismo que disponga una creciente reducción de los pagos de mayor cuantía, cuyos beneficios también deben utilizarse para afrontar nuevos desafíos en el marco del desarrollo rural.

La situación geográfica particular de las regiones ultraperiféricas, así como su insularidad, reducida superficie, relieve montañoso y clima imponen cargas añadidas a sus sectores agrícolas. Para atenuar tales cargas y restricciones deben establecerse excepciones a la aplicación obligatoria de la reducción por modulación a los agricultores de las regiones ultraperiféricas.

Los Estados miembros que optaron por aplicar un sistema de modulación facultativa deben tener en cuenta el aumento de los porcentajes de modulación obligatoria. Procede, por tanto, modificar en consecuencia el Reglamento (CE) no 378/2007 del Consejo, de 27 de marzo de 2007, que establece las disposiciones relativas a la modulación facultativa de los pagos directos prevista en el Reglamento (CE) no 1782/2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores.

Los importes resultantes de la aplicación de los cinco puntos porcentuales de reducción por modulación establecidos en el Reglamento (CE) no 1782/2003 deben distribuirse entre los Estados miembros sobre la base de los mismos criterios establecidos en virtud de dicho Reglamento, es decir, de acuerdo con criterios objetivos, al tiempo que se dispone que un porcentaje de dichos importes permanezca en los Estados miembros donde fueron generados. Teniendo en cuenta los ajustes estructurales derivados de la supresión de la intervención en favor del centeno, deben mantenerse las medidas específicas para determinadas regiones productoras de centeno, que se financien con una parte de los importes generados por la modulación. Además, los importes procedentes de la aplicación de cualquier otra reducción por modulación deben ponerse a disposición de los Estados miembros en los que fueron generados.

Para facilitar el funcionamiento de la modulación, sobre todo en lo que atañe a los procedimientos de concesión de pagos directos a los agricultores y las transferencias a los programas de desarrollo rural, deben determinarse límites netos para cada Estado miembro a fin de restringir los pagos que hayan de hacerse a los agricultores tras la aplicación de la modulación. Para tener en cuenta las especificidades de la ayuda de la PAC en las regiones ultraperiféricas y el hecho de que los pagos directos no están sometidos a modulación, el límite superior neto para los Estados miembros afectados no debe incluir los pagos directos en dichas regiones. El Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común, debe, por tanto, modificarse en consecuencia.

Merced a un mecanismo de introducción progresiva contemplado en sus respectivas Actas de adhesión, los agricultores de los nuevos Estados miembros que se adhirieron a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 o con posterioridad reciben pagos directos. Con el fin de lograr un adecuado equilibrio entre los instrumentos destinados a promover una agricultura sostenible y los destinados a fomentar el desarrollo rural, el sistema de modulación no debe aplicarse a los agricultores de los nuevos Estados miembros hasta que el nivel de ayuda directa aplicable en ellos sea al menos igual al aplicable en los Estados miembros distintos de los nuevos Estados miembros.

La modulación no debe reducir el importe neto pagado a un agricultor de un nuevo Estado miembro por debajo del importe que deba pagarse a un agricultor similar en los Estados miembros distintos de los nuevos Estados miembros. Por lo tanto, una vez que la modulación sea aplicable a los agricultores de los nuevos Estados miembros, el porcentaje de reducción debe limitarse a la diferencia entre el nivel aplicable en virtud del mecanismo de introducción progresiva y el nivel en los Estados miembros distintos de los nuevos Estados miembros tras la aplicación de la modulación. Además, la modulación debe tenerse en cuenta en la concesión de los pagos directos nacionales complementarios a los agricultores de los nuevos Estados miembros sujetos a la modulación.

Con objeto de garantizar que los importes destinados a financiar la PAC respetan los límites máximos anuales fijados en las perspectivas financieras, se debe mantener el mecanismo financiero contemplado en el Reglamento (CE) no 1782/2003 según el cual se ajusta el nivel de la ayuda directa cuando las previsiones indiquen, con un margen de seguridad de 300000000 EUR, que el límite máximo parcial de la rúbrica 2 será rebasada en un ejercicio presupuestario determinado. Teniendo en cuenta los niveles de los pagos directos concedidos a los agricultores de los nuevos Estados miembros mediante el mecanismo de introducción progresiva, y en el marco de la aplicación de dicho mecanismo a todos los pagos directos concedidos en los nuevos Estados miembros, el instrumento de disciplina financiera no debe aplicarse en estos últimos hasta que el nivel de pagos directos aplicable en los mismos sea por lo menos igual al nivel aplicable en los Estados miembros distintos de los nuevos Estados miembros. Dado el peso específico que tiene en el presupuesto general de las Comunidades el recurso a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra c), de la Decisión 2007/436/CE, Euratom del Consejo, de 7 de junio de 2007, sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas, conviene establecer, excepcionalmente, que el Consejo adopte la decisión necesaria para aplicar el instrumento de disciplina financiera a propuesta de la Comisión.

(19) Para ayudar a los agricultores a ajustarse a las exigencias de una agricultura moderna y de elevada calidad, es necesario que los Estados miembros sigan aplicando el sistema completo para ofrecer asesoramiento a las explotaciones agrarias contemplado en el Reglamento (CE) no 1782/2003. Este sistema contribuirá a sensibilizar en mayor medida a los agricultores sobre la relación de los flujos de materiales y los procesos agropecuarios con las normas sobre medio ambiente, inocuidad de los alimentos, sanidad y bienestar animal, sin incidir en modo alguno en la obligación y la responsabilidad de los agricultores de observar tales normas.

El Reglamento (CE) no 1290/2005 establece que los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para cerciorarse de que las operaciones financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) se ejecutan realmente y de manera correcta, así como para prevenir y hacer frente a las irregularidades. A tal fin, deben poner en marcha un sistema integrado de gestión y control de los pagos directos. Para mejorar la eficacia y el control de la ayuda comunitaria, debe autorizarse a los Estados miembros a hacer uso del sistema integrado también en el caso de regímenes comunitarios no regulados por el presente Reglamento.

Deben mantenerse los principales elementos del sistema integrado de gestión y control y, en especial, las disposiciones relativas a una base de datos informatizada, un sistema de determinación de parcelas agrarias, las solicitudes de ayuda de los agricultores, un sistema armonizado de control y, en el régimen de pago único, un sistema de determinación y registro de los derechos de pago.

La gestión de importes de pequeña cuantía es una tarea onerosa para las autoridades competentes de los Estados miembros. Para evitar una carga administrativa excesiva, los Estados miembros deben abstenerse en general de conceder pagos directos cuando el importe sea inferior a 100 EUR o cuando la superficie admisible de la explotación para la que se solicita la ayuda sea inferior a una hectárea. No obstante, dado que las estructuras de las economías agrícolas de los Estados miembros varían considerablemente y pueden diferir sensiblemente de la estructura media comunitaria de las explotaciones agrícolas, deben establecerse disposiciones especiales para permitir a los Estados miembros aplicar umbrales mínimos que reflejen su situación particular. Debido a la estructura particularmente específica de las explotaciones agrícolas de las regiones ultraperiféricas y de las islas del Mar Egeo, a estas regiones no deben aplicarse los umbrales mínimos. Además, los Estados miembros deben tener la facultad de optar por uno de los dos tipos de umbral mínimo en función de las peculiaridades de las estructuras de sus sectores agrarios. Habida cuenta de que se asignaron derechos especiales de pago a los agricultores con explotaciones denominadas “sin tierra”, la aplicación del umbral basado en la hectárea resultaría ineficaz. Por lo tanto, el importe mínimo relacionado con la ayuda media debe aplicarse a dichos agricultores. Para garantizar la igualdad de trato de los agricultores cuyos pagos directos estén supeditados a la introducción progresiva, el umbral mínimo debe basarse en los importes definitivos que se vayan a conceder al final del proceso de introducción progresiva.

La experiencia de la aplicación del régimen de pago único revela que, en una serie de casos, la ayuda disociada a la renta se concedió a beneficiarios cuyas actividades agrarias representaban únicamente una parte insignificante del total de sus actividades económicas o cuyo propósito comercial no estaba, o sólo marginalmente, dirigido al ejercicio de una actividad agraria. Para evitar la concesión de una ayuda a la renta agraria a estos beneficiarios, y para garantizar que la ayuda comunitaria se utilice íntegramente para asegurar un nivel de vida equitativo a la población agraria, los Estados miembros deben estar facultados, cuando se produzca tal asignación, para abstenerse de conceder pagos directos a dichas personas físicas y jurídicas, en virtud del presente Reglamento.

Las autoridades nacionales competentes deben abonar íntegramente a los beneficiarios los pagos previstos en los regímenes comunitarios de ayuda, sin perjuicio de las reducciones que se establezcan en el presente Reglamento, y en los plazos fijados. Para que la gestión de los pagos directos sea más flexible, debe permitirse a los Estados miembros abonar los pagos directos hasta en dos plazos anuales.

(25) Los regímenes de ayuda instaurados en virtud de la PAC disponen ayudas directas a la renta, en particular con vistas a garantizar un nivel de vida equitativo a la población agraria. Este objetivo está estrechamente relacionado con el mantenimiento de las zonas rurales. A fin de evitar toda asignación indebida de fondos comunitarios, no debe abonarse ninguna ayuda a los agricultores que hayan creado artificialmente las condiciones requeridas para obtener tales pagos.

Para lograr los objetivos de la PAC, los regímenes comunes de ayuda deben adaptarse a la evolución de la situación, si es necesario en un breve plazo. En consecuencia, los beneficiarios no pueden dar por sentado que las condiciones de la ayuda permanecerán invariables y deben estar preparados para una posible revisión de los regímenes a la luz de los acontecimientos económicos o la situación presupuestaria.

El Reglamento (CE) no 1782/2003 establece un régimen de pago único que reúne en un solo régimen de pagos directos disociados los diferentes mecanismos de ayuda existentes. De la experiencia de la aplicación del régimen de pago único se desprende que es posible simplificar algunos de sus elementos en beneficio de los agricultores y las administraciones. Además, dado que el régimen de pago único lo aplican todos los Estados miembros a los que se solicitó que lo hicieran, una serie de disposiciones que estaban vinculadas a su aplicación inicial han quedado obsoletas y, por lo tanto, deben adaptarse. En este contexto, en algunos casos se ha detectado una infrautilización importante de los derechos de pago. Para evitar esta situación y teniendo en cuenta que los agricultores ya están familiarizados con el funcionamiento del régimen de pago único, debe reducirse a dos años el período fijado inicialmente para reintegrar a la reserva nacional los derechos de pago no utilizados.

Los principales elementos del régimen de pago único deben conservarse. En particular, la determinación de límites máximos nacionales permite garantizar que el nivel total de las ayudas y derechos no rebasa las restricciones presupuestarias vigentes. Los Estados miembros también deben gestionar una reserva nacional que pueda utilizarse para facilitar la participación de nuevos agricultores en el régimen o para tener en cuenta las necesidades particulares de algunas regiones. Para prevenir la transferencia con fines especulativos y la acumulación de derechos de pago sin el fundamento agrícola correspondiente, deben establecerse normas que regulen la transferencia y la utilización de los derechos de pago.

La integración progresiva de otros sectores en el régimen de pago único hace necesario revisar la definición de tierras admisibles al beneficio del régimen o para la activación de los derechos de pago. Sin embargo, conviene adoptar disposiciones para excluir de la ayuda las superficies dedicadas al cultivo de frutas y hortalizas, en el caso de los Estados miembros que hayan optado por retrasar la integración de este sector en el régimen de pago único. Además, deben adoptarse medidas específicas con respecto al cáñamo con el fin de evitar la concesión de ayudas a cultivos ilegales.

La retirada obligatoria de tierras de cultivo se introdujo como instrumento de control de la oferta. La evolución del mercado en el sector de los cultivos herbáceos, junto con la introducción de las ayudas disociadas, ha dejado de justificar la necesidad de mantener este instrumento, que, por lo tanto, debe suprimirse. Así pues, los derechos de retirada establecidos de conformidad con el Reglamento (CE) no 1782/2003 deben activarse respecto de las hectáreas sujetas a las mismas condiciones de admisibilidad que cualquier otro derecho. La supresión de la obligación de retirada puede dar como resultado que las tierras que eran admisibles a efectos de activar los derechos de retirada ya no lo sean. Para mantener la admisibilidad de dichas tierras debe establecerse que determinadas zonas forestales, incluidas las que hayan sido forestadas en virtud de regímenes nacionales que cumplan las normas pertinentes del Reglamento (CE) no 1698/2005 o las zonas sujetas a determinados compromisos medioambientales, puedan optar al régimen de pago único.

Tras la integración de la antigua ayuda asociada a la producción en el régimen de pago único, en aquellos Estados miembros que optaron por una aplicación histórica, el valor de los derechos de pago se basó en el nivel de ayuda que venían recibiendo individualmente. Con el tiempo transcurrido desde la introducción del régimen de pago único y tras la integración sucesiva de otros sectores en dicho régimen, cada vez se hace más difícil justificar la legitimidad de las importantes diferencias individuales en el nivel de ayuda, basadas exclusivamente en la ayuda concedida en el pasado. Por este motivo, debe autorizarse a los Estados miembros que eligieron el modelo de ejecución histórico a revisar, en determinadas condiciones, los derechos de pago asignados, con objeto de aproximar su valor unitario, sin dejar de observar los principios generales del Derecho comunitario y los objetivos de la PAC. En este contexto, los Estados miembros pueden tener en cuenta las especificidades de las zonas geográficas al fijar valores más uniformes. La nivelación de los derechos de pago debe producirse a lo largo de un período de transición adecuado y restringirse a una gama limitada de reducciones, para que los agricultores puedan adaptarse razonablemente a los niveles cambiantes de las ayudas.

En virtud del Reglamento (CE) no 1782/2008, los Estados miembros tenían la opción de aplicar el régimen de pago único según el modelo histórico o regional. Desde entonces los Estados miembros han tenido la oportunidad de evaluar las repercusiones de sus opciones en términos de conveniencia tanto económica como administrativa. Por lo tanto, los Estados miembros deben tener la facultad de revisar su decisión inicial a la luz de la experiencia. Por esta razón, además de poder nivelar el valor de los derechos de pago, debe autorizarse a los Estados miembros que aplicaron el modelo histórico a adoptar una aplicación regionalizada del régimen de pago único de acuerdo con las opciones ya establecidas en el Reglamento (CE) no 1782/2003. En particular, debe permitirse a los Estados miembros ajustar la distribución territorial de la ayuda directa procediendo a una redistribución gradual entre unas regiones y otras. Esta opción brindaría a los Estados miembros una mayor flexibilidad para concentrar la ayuda directa de la manera más adecuada, con arreglo a los objetivos establecidos en el artículo 33 del Tratado y basándose en criterios objetivos y no discriminatorios, como el potencial agrícola y criterios medioambientales. Además, a los Estados miembros que decidieron aplicar el modelo regional debe ofrecérseles la opción de revisar sus decisiones, en determinadas condiciones, con el objetivo de aproximar el valor de los derechos de pago según un procedimiento preestablecido anualmente, sin dejar de observar los principios generales del Derecho comunitario y los objetivos de la PAC. Tales cambios deben producirse a lo largo de un período de transición adecuado y restringirse a una gama limitada de reducciones, para que los agricultores puedan adaptarse razonablemente a los cambios en los niveles de las ayudas.

El Reglamento (CE) no 1782/2003, a la vez que introduce un régimen de pago único disociado, permitía a los Estados miembros excluir total o parcialmente determinados pagos de dicho régimen. Dicho Reglamento preveía también la revisión y posible modificación de esta opción en función de la evolución del mercado y de las estructuras. Del análisis de la experiencia adquirida se deduce que la disociación aporta a los productores flexibilidad en la elección de los productos que se vayan a cultivar, permitiéndoles adoptar sus decisiones de producción sobre la base de la rentabilidad y la respuesta del mercado. Esto ocurre particularmente en el sector de los cultivos herbáceos y del lúpulo y, en cierta medida, en los sectores del ganado vacuno y de las semillas. Por lo tanto, los pagos parcialmente asociados a la producción en los sectores de los cultivos herbáceos y del lúpulo deben integrarse en el régimen de pago único a partir de 2010. En el caso del lúpulo, el Reglamento (CE) no 1782/2003 permitía a los Estados miembros conceder parte de la ayuda al lúpulo por superficie a organizaciones de productores reconocidas. Para que las organizaciones de productores puedan continuar sus actividades como antes, el Reglamento (CE) no 1234/2007, en la versión modificada por el Reglamento (CE) no 72/2009, de 19 de enero de 2009, por el que se adapta la política agrícola común, dispone importes equivalentes para que se utilicen para las mismas actividades en el Estado miembro afectado. Esos importes deben, por tanto, deducirse de los límites máximos nacionales que el presente Reglamento disponga para dicho Estado miembro. Para que los agricultores de los sectores del ganado vacuno y de las semillas puedan adecuarse a las nuevas disposiciones en materia de ayudas, debe establecerse que se proceda a la integración de los pagos por ganado vacuno y las ayudas para las semillas en 2012 a más tardar. Habida cuenta de que la introducción de los pagos parcialmente asociados a la producción en el sector de las frutas y hortalizas es relativamente reciente, y que sólo es una medida transitoria, debe permitirse que continúe la exclusión de dichos pagos del régimen de pago único, y debe permitirse a los Estados miembros que revisen sus decisiones con vistas a aumentar el nivel de disociación.

Sin embargo, por lo que se refiere a las vacas nodrizas y al sector ovino y caprino, el mantenimiento de un nivel mínimo de producción aún puede ser necesario para la economía agrícola de determinadas regiones y, en especial, de aquellas donde los agricultores no pueden recurrir a otras alternativas económicas. En este contexto, los Estados miembros deben tener la facultad de mantener la ayuda asociada a la producción bien en el nivel actual, bien en un nivel inferior. En tal caso, deben adoptarse disposiciones especiales para que se cumplan los requisitos en materia de identificación y registro establecidos en el Reglamento (CE) no 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000, que establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno y en el Reglamento (CE) no 21/2004 del Consejo, de 17 de diciembre de 2003, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina, sobre todo con objeto de garantizar la trazabilidad de los animales.

Conviene autorizar a los Estados miembros a utilizar hasta el 10 % de sus límites máximos nacionales para el régimen de pago único destinado a conceder ayudas específicas en casos claramente definidos. Tales ayudas deben permitir a los Estados miembros abordar aspectos medioambientales y de bienestar animal, y mejorar la calidad y la comercialización de los productos agrícolas. La ayuda específica también debe servir para atenuar las consecuencias de la reducción progresiva de las cuotas lácteas y de la disociación de la ayuda en algunos sectores particularmente sensibles. Dada la importancia creciente de una gestión eficaz de los riesgos, debe ofrecerse a los Estados miembros la opción de contribuir financieramente al pago de las primas de seguro de cosechas, animales y plantas pagadas por los agricultores, así como a la financiación de la compensación por determinadas pérdidas económicas en caso de enfermedades animales o vegetales y de incidencias medioambientales. Para que la Comunidad pueda cumplir con sus obligaciones internacionales, los recursos que puedan destinarse a cualquier ayuda asociada a la producción deben limitarse a un nivel apropiado al tiempo que se permiten medidas transitorias para los Estados miembros que se enfrenten a dificultades particulares. Deben definirse, en consecuencia, las condiciones aplicables a las contribuciones financieras para las primas del seguro de cosechas, animales y plantas y la compensación en relación con las enfermedades animales o vegetales o las incidencias medioambientales. Además, debe concederse a los Estados miembros que se hayan acogido al artículo 69 del Reglamento (CE) no 1782/2003 un período transitorio suficiente que les permita una transición sin sobresaltos a las nuevas normas de ayuda específica.

La experiencia muestra que en la actualidad los Estados miembros no utilizan la totalidad de los fondos disponibles dentro de sus límites máximos nacionales para el régimen de pago único, en particular en caso de no activación de los derechos de pago. Para facilitar una utilización más eficaz de los fondos, conviene permitir que los Estados miembros presten apoyo por encima de sus límites máximos nacionales y hasta una determinada cuantía cuyo nivel garantice su permanencia dentro de los márgenes del déficit de ejecución de sus límites máximos nacionales. Esta cuantía debe calcularse basándose en el déficit de ejecución del presupuesto para el año más reciente de que se disponga y no debe cuestionar el respeto del límite máximo neto para los pagos directos por Estado miembro considerados en su totalidad. Por este motivo, y para garantizar que los agricultores no se enfrenten a reducciones de pagos imprevistas, el cálculo debe realizarse dentro de ciertos márgenes de seguridad. Los importes deben utilizarse para la financiación de medidas de apoyo específico o bien transferirse al FEADER.

Los pagos directos en virtud del régimen de pago único se basaban en los importes de referencia de los pagos directos recibidos en el pasado o en importes por hectárea regionalizados. Los agricultores de los nuevos Estados miembros no recibieron pagos directos comunitarios y no disponían de referencias históricas de los años naturales 2000, 2001 y 2002. Por lo tanto, al amparo del Reglamento (CE) no 1782/2003 se adoptó una disposición para que el régimen de pago único en los nuevos Estados miembros se basara en importes por hectárea regionalizados. Varios años después de la adhesión de los nuevos Estados miembros a la Comunidad, sin embargo, el uso de períodos de referencia podría tenerse en cuenta respecto de aquellos nuevos Estados miembros que todavía no han adoptado el régimen de pago único. Con objeto de facilitar la transición al régimen de pago único y, sobre todo, de evitar solicitudes de carácter especulativo, se debe autorizar a los nuevos Estados miembros para que tengan en cuenta, para calcular los derechos de pago en virtud del régimen de pago único, las superficies a las que históricamente se concedió ayuda en virtud de dicho régimen.

De acuerdo con la opción regionalizada del régimen de pago único, los nuevos Estados miembros deben tener la posibilidad de ajustar el valor de los derechos de pago por hectárea basándose en criterios objetivos para asegurar la igualdad de trato entre los agricultores y evitar distorsiones del mercado.

Los nuevos Estados miembros deben tener las mismas posibilidades que los otros Estados miembros para ejecutar parcialmente el régimen de pago único.

La disociación de las ayudas directas y la introducción del régimen de pago único eran elementos esenciales en el proceso de reforma de la PAC. Sin embargo, en 2003 varias razones motivaron el mantenimiento de la ayuda específica para varios cultivos. La experiencia acumulada con la aplicación del Reglamento (CE) no 1782/2003, junto con la evolución de la situación del mercado, indica que los regímenes que se mantuvieron fuera del régimen de pago único en 2003 pueden integrarse ahora en este régimen, a fin de promover una agricultura más orientada al mercado y más sostenible. Es el caso, en particular, del sector del aceite de oliva, en el que sólo una parte marginal de las ayudas estaba asociada a la producción, así como del pago en los sectores del trigo duro, las proteaginosas, el arroz, la fécula de patata y los frutos de cáscara, en los que la eficacia decreciente de las ayudas asociadas a la producción justifica la opción de la disociación. En el caso del lino y el cáñamo, los forrajes desecados y la fécula de patata, se debe disociar la ayuda a la transformación e integrar los importes pertinentes en el régimen de pago único. Por lo que se refiere a las proteaginosas, el arroz, la fécula de patata, los frutos de cáscara, el lino y el cáñamo, para permitir el ajuste de los productores conviene integrar las ayudas a estos sectores en el régimen de pago único a partir de 2012, permitiendo al mismo tiempo a los Estados miembros anticipar la fecha de su integración, con excepción de las ayudas a la transformación contempladas en el Reglamento (CE) no 1234/2007. En cuanto a los frutos de cáscara habría que permitir a los Estados miembros que la parte nacional de la ayuda continúe pagándose como ayuda asociada a la producción, con objeto de amortiguar los efectos de la disociación.

Como consecuencia de la integración de otros sectores en el régimen de pago único, deben adoptarse disposiciones para el cálculo del nuevo nivel de ayuda a la renta individual en virtud de dicho régimen. En el caso de los frutos de cáscara, la fécula de patata, el lino, el cáñamo y los forrajes desecados, tal aumento debe concederse sobre la base de la ayuda recibida por los agricultores a lo largo de los últimos años. Sin embargo, en el caso de la integración de los pagos que estaban parcialmente excluidos del régimen de pago único, debe ofrecerse a los Estados miembros la opción de utilizar los períodos de referencia originales. En el caso de la fécula de patata, los importes disponibles para distribución en Alemania y los Países Bajos deben tener en cuenta las entregas transfronterizas de fécula de patata producida en uno de estos Estados miembros para su transformación en el otro. Además, con la intención de cubrir las necesidades específicas de los sectores agrícolas de dichos Estados miembros, y garantizar que la ayuda recibida anteriormente por los agricultores no se vea reducida drásticamente, debe permitirse a los Estados miembros, dentro de ciertos límites, utilizar los fondos que deben integrarse en el régimen de pago único para ayudar a los agricultores que hayan ejercido determinadas actividades agrarias en otros sectores durante los mismos años, como la utilización de pastizales o la cría de animales.

El Reglamento (CE) no 1782/2003 establecía una ayuda específica a los cultivos energéticos con objeto de favorecer el desarrollo del sector. Habida cuenta de la evolución reciente del sector de la bioenergía y, en especial, la fuerte demanda de tales productos en los mercados internacionales y la introducción de objetivos vinculantes en lo que respecta al porcentaje que debe representar la bioenergía en el total de los combustibles antes de 2020, ya no existen razones suficientes para conceder la ayuda específica a los cultivos energéticos.

Cuando se integró el sector del algodón en el régimen de pago único, se consideró necesario que una parte de la ayuda siguiera vinculándose al cultivo del algodón a través de un pago específico por hectárea admisible para prevenir cualquier riesgo de perturbación de la producción en las regiones productoras de algodón. Esta opción debe mantenerse de conformidad con los objetivos establecidos en el Protocolo no 4 sobre el algodón adjunto al Acta de adhesión de 1979.

Para amortiguar los efectos del proceso de reestructuración en los Estados miembros que han concedido la ayuda a la reestructuración regulada por el Reglamento (CE) no 320/2006 del Consejo, de 20 de febrero de 2006, por el que se establece un régimen temporal para la reestructuración del sector del azúcar en la Comunidad, debe mantenerse la ayuda prevista para los productores de remolacha azucarera y caña de azúcar por un período máximo de cinco años consecutivos.

Cuando se integró el sector de las frutas y hortalizas en el régimen de pago único se estableció una ayuda temporal asociada por superficie para las fresas y las frambuesas. Es conveniente prorrogar los plazos originales de dicha ayuda, estableciendo al mismo tiempo la disociación de esta ayuda respecto de la producción. Los límites máximos nacionales deben ajustarse para reflejar esto.

El régimen transitorio simplificado para conceder pagos directos en los nuevos Estados miembros basándose en la superficie, es decir, el régimen único de pago por superficie, ha demostrado ser un sistema eficaz y sencillo para conceder una ayuda a la renta de los agricultores en los nuevos Estados miembros. En aras de la simplificación debe permitirse a los nuevos Estados miembros que optaron por aplicar el régimen que sigan aplicándolo hasta finales de 2013.

A raíz de las respectivas reformas de los sectores del azúcar y de las frutas y hortalizas, y de su integración en el régimen de pago único, debe autorizarse a los Estados miembros que optaron por aplicar el régimen de pago único por superficie a conceder una ayuda a la renta a los productores de remolacha azucarera, caña de azúcar y achicoria y a los productores de determinadas frutas y hortalizas, en forma de pagos separados. Del mismo modo, debe autorizarse a tales Estados miembros a pagar la ayuda específica por separado en condiciones similares a las aplicables en los otros Estados miembros.

Como consecuencia de la introducción progresiva de los pagos directos en los nuevos Estados miembros, se permitió a dichos Estados miembros abonar pagos directos nacionales complementarios. Deben mantenerse las condiciones que regulan la concesión de tales pagos.

En el momento de la asignación inicial de los derechos de pago por parte de los Estados miembros, algunos errores condujeron a la concesión de pagos particularmente elevados a los agricultores. Esta irregularidad es objeto, normalmente, de una corrección financiera hasta que se adopten medidas correctoras. Sin embargo, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que los derechos de pago se asignaron por primera vez, las correcciones necesarias supondrían unas obligaciones jurídicas y administrativas desproporcionadas para los Estados miembros. Por tanto, por motivos de seguridad jurídica, se debe regularizar la asignación de tales pagos.

De conformidad con el Reglamento (CE) no 1782/2003, Francia, Portugal y España decidieron excluir del régimen de pago único los pagos directos efectuados en los departamentos franceses de ultramar, las Azores, Madeira y las islas Canarias, respectivamente, y concederlos al amparo de las condiciones establecidas en el título IV de dicho Reglamento. Parte de la ayuda prevista en ese título se ha integrado completamente en el régimen de pago único. Por motivos de simplificación y con el fin de tener en cuenta las circunstancias específicas de las regiones ultraperiféricas, dicha ayuda debe gestionarse dentro de los programas de ayuda establecidos por el Reglamento (CE) no 247/2006, de 30 de enero de 2006, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión . Con este fin, deben transferirse los fondos pertinentes de los límites máximos nacionales para pagos directos al importe financiero fijado en dicho Reglamento. Para hacer posible que los Estados miembros afectados adapten los programas de ayuda, estas transferencias sólo deben tener lugar en 2010. Mientras tanto, se aplicarán los pagos directos en las regiones ultraperiféricas en las condiciones establecidas en el Reglamento (CE) no 1782/2003. Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 247/2006 en consecuencia.

Debe precisarse que las disposiciones del presente Reglamento que podrían originar un comportamiento de un Estado miembro susceptible de constituir una ayuda estatal quedan excluidas, salvo que se disponga lo contrario en el presente Reglamento, del ámbito de aplicación de las normas en materia de ayuda estatal, habida cuenta de que las disposiciones en cuestión incluyen condiciones adecuadas para evitar que la concesión de ayuda provoque un falseamiento indebido de la competencia, o prevén la adopción de tales condiciones por la Comisión.

Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión.

Para que tanto los Estados miembros como el mundo agrícola se beneficien de los mecanismos de simplificación introducidos por el presente Reglamento, y en particular de la supresión de la obligación de retirada de tierras, el presente Reglamento se aplicará a partir del 1 de enero de 2009. No obstante, las disposiciones que puedan reducir los derechos de los agricultores o crear nuevas obligaciones, entre otras las obligaciones de condicionalidad que los agricultores deben cumplir durante todo el año, deben aplicarse tan sólo a partir de 2010 y, en el caso de la norma sobre el establecimiento de franjas de protección en las márgenes de los ríos, a más tardar el 31 de enero de 2012. Además, debe ofrecerse a los Estados miembros un plazo suficiente para aplicar las disposiciones que autorizan una mayor disociación de los pagos directos y las que les permiten revisar las decisiones adoptadas en el contexto de la reforma de 2003. Por esta razón, las disposiciones pertinentes del presente Reglamento sólo deben ser de aplicación a partir de 2010 y el Reglamento (CE) no 1782/2003 derogado debe aplicarse durante el año 2009 a los regímenes de ayudas que sólo se integrarán en el régimen de pago único a partir de 2010.

Ver el RUE 73/2009 aquí.



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