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Sentencia del Tribunal 1ª Instancia de la UE en el asunto T‑60/07: España vs Comisión (Desestimatoria)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA de 12 de noviembre de 2008

Antecedentes de hecho

Entre los días 10 y 14 de febrero de 2003, los servicios de la Comisión realizaron una visita de inspección en España en relación con la compensación financiera concedida a raíz de operaciones de retirada de frutas y hortalizas.

El 22 de enero de 2004, después de un intercambio de correspondencia, se celebró una reunión bilateral entre la Comisión y las autoridades españolas. Mediante escrito de 14 de abril de 2005, la Comisión comunicó oficialmente sus conclusiones a las autoridades españolas. Tras el dictamen del Órgano de conciliación de 7 de noviembre de 2005, la Comisión comunicó su postura definitiva al Reino de España mediante escrito de 30 de junio de 2006.

En el apartado 4.3.1.1 del Informe de Síntesis AGRI‑2006-63914, de 15 de octubre de 2006, sobre los resultados de los controles de la liquidación de cuentas de la sección de Garantía del FEOGA realizados conforme al artículo 5, apartado 2, letra c), del Reglamento nº 729/70 y al artículo 7, apartado 4, del Reglamento nº 1258/1999 (en lo sucesivo, «Informe de Síntesis»), la Comisión llegó a la conclusión de que las autoridades españolas no se atenían a lo dispuesto en los artículos 23, apartado 2, y 25 del Reglamento nº 2200/96, así como en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento nº 659/97, que exigen que todas las cantidades de frutas y hortalizas destruidas mediante elaboración de abono o biodegradación lo sean respetando el medio ambiente. El Informe de Síntesis contiene las siguientes comprobaciones de la Comisión:

«Las autoridades españolas cedieron a las comunidades autónomas la responsabilidad de fijar los límites máximos que deben respetarse en materia de alimentación animal.

La [Comunidad Autónoma] de Valencia fijó las normas siguientes:

–        25 kg/día/cabeza, de cítricos para el ganado ovino, caprino y porcino;

–        50 kg/día/cabeza, de cítricos para el ganado bovino.

A título comparativo, la [Comunidad Autónoma] de Andalucía sólo autoriza, en el caso de los tomates, 2 kg/día por cabeza para el ganado ovino, Extremadura de 4 a 7 kg día/cabeza, Baleares 5 kg/día/cabeza.

Los límites máximos fijados por las comunidades autónomas se refieren a las cantidades que dan derecho a la compensación financiera, y sólo estas entregas se registran o controlan. Aparte de esas cantidades, los ganaderos compran, reciben o aceptan cantidades no desdeñables procedentes de los descartes de selección que vienen a añadirse a las retiradas compensadas pero que no se incluyen en las estadísticas de alimentación animal.

Los servicios de la Comisión opinan que tales normas son excesivas y no se ajustan a la realidad:

–        dado que los cítricos no constituyen su alimento habitual, estos animales no deberían comer tales cantidades;

–        estas normas son tanto menos realistas cuanto que sólo se refieren a las cantidades que se benefician de la indemnización comunitaria de retirada, cantidades a las que vienen a añadirse regularmente descartes de selección entregados a los propios ganaderos;

–        otras comunidades autónomas también han fijado normas pero en niveles netamente más bajos (por ejemplo, Andalucía: 2 kg de tomates por cabeza de ovino).

Del examen de la documentación recibida, se desprende, no obstante, que los contratos firmados entre organizaciones de productores y ganaderos hacen referencia a cantidades consumidas diariamente (“[…] ya que el consumo por cabeza es de aproximadamente, 25 kg diarios”).

Si el ensilado podría, al menos en teoría, explicar la altura de las normas valencianas, conviene no obstante señalar que el ensilado es un método de conservación por fermentación y que sólo se podrían tener […] en cuenta cantidades medias sobre un período más o menos largo si los cítricos son consumibles a lo largo de la totalidad de dicho período, lo que supone una conservación efectiva.

Durante la inspección en la [Comunidad Autónoma] de Valencia, se visitaron dos terrenos en los que se practicaba la alimentación animal. En ambos casos, los inspectores comunitarios constataron los mismos hechos: las ovejas sólo comían ocasionalmente los cítricos vertidos, el resto se descomponía.

El número de cabezas de ganado no justifica de ningún modo las cantidades suministradas (consumo en fresco), y tampoco existe ningún intento de conservación. Los lugares de esparcimiento eran aceptados en virtud de la alimentación animal, pero no se beneficiaban de ninguna autorización para la destrucción/biodegradación.

En conclusión, los servicios de la Comisión consideran que la Consejería de agricultura de la Comunidad Autónoma de Valencia fijó estas normas en un nivel tal que hizo posible la creación de un circuito paralelo (y, en consecuencia, sin ningún control sobre el impacto medioambiental) de compostaje: no se trata de alimentación animal que deja algunos residuos sino de zonas de biodegradación en las que pacen los animales.»

Según el apartado 4.3.2.1 del Informe de Síntesis, las prácticas indicadas infringen la normativa en vigor. El respeto de los aspectos medioambientales –señala– es una condición de subvencionabilidad con cargo a la financiación comunitaria. El presupuesto del FEOGA no podría asumir los gastos generados por tales operaciones materiales. Los servicios de la Comisión deben, pues, –añade– considerar sin derecho a la ayuda la totalidad de los gastos de la Comunidad Autónoma de Valencia correspondientes a las retiradas que tienen como destino la alimentación animal.

Con arreglo al apartado 4.3.5.5 de ese mismo Informe, se propone, en lo que atañe a los ejercicios 2001 a 2003, una corrección financiera de 10.895.565,53 euros.

Mediante la Decisión 2006/932/CE de la Comisión, de 14 de diciembre de 2006, por la que se excluyen de la financiación comunitaria determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la sección de Garantía del FEOGA (DO L 355, p. 96; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), la Comisión excluyó de la financiación comunitaria en el sector de las frutas y hortalizas, en el caso del Reino de España, la cantidad de 10.895.565,53 euros en relación con los ejercicios 2001 a 2003, desglosada de la siguiente manera:

–        2.858.447,88 euros, cantidad correspondiente a una corrección puntual relativa al ejercicio financiero de 2001.

–        4.357.238,89 euros, cantidad correspondiente a una corrección puntual relativa al ejercicio financiero de 2002.

–        3.679.878,76 euros, cantidad correspondiente a una corrección puntual relativa al ejercicio financiero de 2003.

Pretensiones de las partes

Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 23 de febrero de 2007, el Reino de España interpuso el presente recurso.

Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia decidió iniciar la fase oral del procedimiento.

En la vista de 22 de mayo de 2008 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.

El Reino de España solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

–        Anule la Decisión impugnada.

–        Condene en costas a la Comisión.

La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

–        Desestime el recurso.

–        Condene en costas al Reino de España.

Fallo

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Octava) decide:

1)      Desestimar el recurso.

2)      Condenar en costas al Reino de España.

Vea aquí los Fundamentos de Derecho.



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