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Real Decreto 1799/2008, de 3 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la reconversión de plantaciones de determinados cítricos

Las distintas especies citrícolas presentan, con generalidad, ciertos desajustes en su calendario de oferta, dando lugar a una fuerte concentración de la misma en determinados periodos de su comercialización. También, se viene observando que la calidad de determinadas variedades no tiene una aceptación deseable por parte de la demanda.

Ambas circunstancias tienen lugar durante el desarrollo de la campaña y pueden presentar distinta intensidad según los años, incidiendo de manera desfavorable en los precios percibidos por los productores, suponiendo una pérdida de competitividad para dichos citricultores.

Por dichos motivos, es preciso llevar a cabo una reorganización y diversificación de la oferta mediante un plan de reconversión de plantaciones de determinados cítricos, con el que además de conseguir estabilizar el mercado, se logre una mejora global de la calidad de los cítricos ofertados. A su vez, se va a aprovechar la oportunidad para fomentar un mejor aprovechamiento del agua de riego.

El desarrollo de este plan se realizará mediante la concesión de ayudas de acuerdo con las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal para el periodo 2007-2013 (2006/C 319/01), en su apartado de ayudas para la inversión en explotaciones agrícolas, dentro de las medidas de desarrollo rural.

Con el fin de garantizar la eficacia de esta medida, las plantaciones objeto de actuaciones de arranque o reinjertado totalizarán una superficie mínima por explotación y tendrán una densidad de árboles propia de la especie cultivada. También, se requiere que los beneficiarios dispongan de canales de comercialización para sus productos con el fin de garantizar su salida al mercado.

Los interesados en acogerse a esta medida deben dirigir su solicitud al órgano competente de la comunidad autónoma donde radique la plantación, que será el encargado de su tramitación, así como de realizar las comprobaciones necesarias para la resolución y el pago de la ayuda. A dicha solicitud, se adjuntará un plan de reconversión.

La inversión máxima subvencionable por hectárea, se fija en función de unos escandallos, que recogen los costes medios de las actividades subvencionables. A su vez, la cuantía de la ayuda se determina mediante la aplicación de un porcentaje de la inversión subvencionable.

La ayuda contemplada en este real decreto supone una vía alternativa de financiación a las actuales líneas existentes, como las contempladas en el marco de los programas operativos, definidas en el Reglamento (CE) n.º 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM), o en el ámbito del desarrollo rural, por medio del Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). En consecuencia, la concesión de la presente ayuda es incompatible con dichas líneas de subvención.

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino elevará a la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural la propuesta de reparto del presupuesto disponible entre las comunidades autónomas afectadas, transfiriéndoles la cantidad necesaria para atender los pagos respectivos.

El pago de las ayudas concedidas quedará condicionado a la decisión favorable de la Comisión Europea sobre compatibilidad de las mismas con el mercado común y al cumplimiento de ciertas obligaciones por parte de los beneficiarios.

El presente real decreto constituye normativa básica, sin que se oponga a ello el hecho de que la materia se regule por norma reglamentaria, pues, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, cuando se trate de medidas de carácter coyuntural, como es el caso presente, además, de índole evidentemente técnica, queda justificado el uso de norma infralegal.

Ver aquí el Real Decreto 1799/2008, de 3 de noviembre



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