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Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el asunto C‑505/07: Compañía Española de Comercialización de Aceite, S.A.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 1 de octubre de 2009

Antecedentes de hecho

De los autos remitidos al Tribunal de Justicia se desprende que Cecasa es una sociedad anónima de Derecho español, cuyos accionistas son, en un 68 %, productores de aceite, almazaras y cooperativas y, en un 32 %, diversas entidades, financieras o no. Los oleicultores vinculados a esta compañía representan entre el 50 % y el 60 % de la producción española de aceite de oliva.

El 5 de abril de 2001, Cecasa solicitó a las autoridades nacionales de defensa de la competencia una autorización singular, en el sentido del artículo 3 de la LDC, para constituir una empresa dedicada a la comercialización de aceite de oliva, con el claro objetivo de evitar el hundimiento de los precios por debajo de un determinado nivel, próximo al 95 % del antiguo precio de intervención, comprando aceite a partir de este nivel de precio y poniéndolo de nuevo en el mercado cuando se produjera su recuperación.

Al considerar que la solicitud de autorización singular presentada por Cecasa era un acuerdo entre competidores para sostener el precio del aceite de oliva en las campañas excedentarias, el Tribunal de Defensa de la Competencia, mediante resolución de 5 de marzo de 2002, denegó dicha solicitud.

La referida resolución resultó confirmada, en lo esencial, por la sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional de 22 de julio de 2005, sentencia esta contra la cual Cecasa interpuso recurso de casación ante el órgano jurisdiccional remitente.

Cuestiones prejudiciales

En estas circunstancias, el Tribunal Supremo decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)      El artículo 12 bis del Reglamento nº 136/66 […] ¿permite incluir a una sociedad anónima integrada mayoritariamente por productores, almazaras y cooperativas de oleicultores, así como por entidades financieras, entre los “organismos” autorizados a celebrar contratos de almacenamiento de aceite de oliva? ¿Puede considerarse que una sociedad de dichas características es equivalente a las agrupaciones de productores y a sus uniones reconocidas con arreglo al Reglamento […] nº 952/97?

2)      En la hipótesis de que la sociedad fuera catalogable entre los “organismos” aptos para ejercer actividades de almacenamiento, la “aceptación por parte del Estado” con que deben contar estos organismos a tenor del citado artículo 12 bis del Reglamento nº 136/66 ¿podría ser la obtenida en el seno de una solicitud de exención (“autorización”) singular ante las autoridades nacionales de defensa de la competencia?

3)      El artículo 12 bis del Reglamento nº 136/66 ¿exige imperativamente que la Comisión autorice en cada caso el almacenamiento privado de aceite de oliva o, por el contrario, es compatible con la existencia de un mecanismo acordado entre productores para adquirir y almacenar dicho aceite de oliva, financiado privadamente, que se activaría exclusivamente en los mismos términos y condiciones en los que se activa el almacenamiento privado dotado de financiación comunitaria, con la finalidad de complementar y agilizar dicho almacenamiento dotado de financiación comunitaria y sin sobrepasar los límites del mismo?

4)      La doctrina sentada por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 9 de septiembre de 2003 [Milk Marque y National Farmers’ Union (C‑137/00, Rec. p. I‑7975),] respecto de la aplicación, por las autoridades internas, de las normas nacionales de defensa de la competencia a acuerdos de productores susceptibles de ser incluidos, en principio, en el artículo 2 del Reglamento nº 26 […] ¿es extensible a los acuerdos que, por sus características y por las características del sector concernido, puedan afectar al mercado comunitario de aceite de oliva en su conjunto?

5)      En el supuesto de que las autoridades nacionales de competencia estuvieran habilitadas para aplicar las normas nacionales a los referidos acuerdos capaces de afectar a la organización común del mercado de las grasas, ¿pueden aquellas autoridades negar con carácter absoluto a una sociedad como la recurrente la posibilidad de hacer uso de los mecanismos de almacenamiento de aceite de oliva, incluso para las situaciones de “perturbación grave” previstas en el artículo 12 bis del Reglamento nº 136/66?»

Ver el texto completo de la resolución judicial aquí.



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