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Sentencia del Tribunal de Justicia (sala segunda) en el asunto C‑241/07: JK Otsa Talu OÜ contra Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet -PRIA- (Desestimatoria)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) 4 de junio de 2009

Antecedentes de hecho

El 26 de mayo de 2005, Agrofarm presentó ante la PRIA una solicitud de pagos por superficie y de ayuda a una producción favorable para el medio ambiente. Dado que ya había llevado a cabo en 2004 los preparativos necesarios, Agrofarm estaba preparada para firmar el compromiso de implantación de este tipo de producción, a fin de obtener una ayuda al desarrollo rural.

Mediante la decisión nº 1-3134/74, de 19 de diciembre de 2005, el Director General de la PRIA denegó la solicitud de Agrofarm, debido a que no se podía conceder dicha ayuda a parcelas agrícolas que no eran objeto de un compromiso válido para una producción favorable para el medio ambiente.

El 1 de febrero de 2006, Agrofarm interpuso un recurso ante el Tartu halduskohus (Tribunal de lo contencioso-administrativo de Tartu), ante el cual sostuvo, en particular, que el Ministro de Agricultura había vulnerado los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato al adoptar el Reglamento nº 51 modificado. Mediante sentencia de 28 de abril de 2006, el Tartu halduskohus desestimó dicho recurso, considerando, principalmente, que el Reglamento nº 51 modificado no podía menoscabar los derechos de la demandante.

Como sucesora legal de Agrofarm, Otsa Talu interpuso un recurso de apelación de dicha sentencia ante el Tartu ringkonnakohus (Tribunal de Distrito de Tartu). Tras recordar que el Reglamento nº 1257/1999 se oponía a la introducción de reglas distintas en relación con los solicitantes de ayudas en materia agroambiental, Otsa Talu señaló que, debido a la adopción tardía del Reglamento nº 51 modificado, producida un mes antes de la fecha límite de presentación de las solicitudes de ayudas para el año 2005, se habían vulnerado los principios de confianza legítima y de Estado de Derecho. El Tartu ringkonnakohus desestimó el recurso mediante sentencia de 7 de septiembre de 2006, en la que declaró, en esencia, que el Reglamento nº 51 modificado no era contrario al Derecho comunitario.

En consecuencia, Osta Talu interpuso un recurso de casación ante el órgano jurisdiccional remitente. La recurrente alegó que el Reglamento nº 51 modificado era incompatible con el Derecho comunitario, en particular con el artículo 24, apartado 1, del Reglamento nº 1257/1999, en virtud del cual las ayudas respecto de los compromisos agroambientales suscritos se conceden anualmente. Por otro lado, según Osta Talu, el Reglamento nº 51 modificado también es contrario al punto 16.1.2 del Programa de Desarrollo, que prevé que, en caso de insuficiencia de fondos presupuestarios, el importe total de las ayudas en materia agroambiental que ha de abonarse a todos los solicitantes que cumplen los requisitos aplicables debe reducirse a prorrata.

Por su lado, la PRIA sostuvo ante el órgano jurisdiccional remitente, en relación con la interpretación de la naturaleza de la ayuda al desarrollo rural en cuestión, que dicha ayuda no constituye una ayuda social que proceda repartir de manera general, sino una ayuda cuyos requisitos de obtención se desprenden de las necesidades y de las prioridades de la política agrícola del Estado.

Según el órgano jurisdiccional remitente, la cuestión que se plantea en el litigio principal es si es legal modificar, durante el período de ayuda, los requisitos de concesión de ayudas en materia agroambiental, de manera que se reduzcan los solicitantes seleccionables. Señala que la normativa comunitaria aplicable no contiene disposiciones detalladas relativas a la concesión de dichas ayudas.

El órgano jurisdiccional remitente considera que ayudar cada año a los nuevos solicitantes que están preparados para suscribir un compromiso de producción favorable para el medio ambiente se aviene al objetivo de apoyo al desarrollo rural, previsto en el Reglamento nº 1257/1999. Asevera que este enfoque es conforme con el principio de igualdad de trato y con el objetivo de garantizar una mejor protección del medio ambiente. Además, el órgano jurisdiccional remitente alega que el término «anualmente», que figura en el artículo 24 de dicho Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que es posible adherirse al régimen de ayudas al desarrollo rural cada año.

En consecuencia, el órgano jurisdiccional remitente duda de que el requisito según el cual el solicitante debe haber sido objeto de una decisión de concesión de ayuda al desarrollo rural durante el ejercicio anterior para poder solicitar tal ayuda para el ejercicio siguiente se atenga al Reglamento nº 1257/1999.

Además, señala que, con arreglo al Programa de Desarrollo, en el supuesto de que falten fondos presupuestarios se ha previsto la adopción de un procedimiento de reducción proporcional para todos los solicitantes que cumplan los requisitos de concesión de ayudas al desarrollo rural.

Según el órgano jurisdiccional remitente, limitar la categoría de los beneficiarios no constituye una solución proporcionada para resolver las dificultades derivadas de la insuficiencia de fondos presupuestarios, y, en lugar de ello, debería reducirse de manera proporcional la ayuda al desarrollo rural concedida a todos los solicitantes que cumplen inicialmente los requisitos para beneficiarse de ellas, como había previsto el Programa de Desarrollo.

Cuestiones prejudiciales

En estas circunstancias, el Riigikohus decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)       ¿Es compatible con el objetivo de las ayudas agroambientales con arreglo a los artículos 22 a 24 del [Reglamento nº 1257/1999]:

a)      que sólo sigan concediéndose ayudas a los solicitantes a favor de los cuales ya se hubiera adoptado en el ejercicio presupuestario precedente, en el marco del correspondiente programa, una decisión de concesión de ayuda agroambiental y que hayan contraído compromisos agroambientales, o bien

b)      que en cada ejercicio presupuestario también perciban ayudas nuevos solicitantes que estén dispuestos a contraer el compromiso de producir de modo favorable para el medio ambiente y que, consiguientemente, ajusten su producción a los requisitos exigidos?

2)       Si se responde a la primera cuestión optando por la alternativa b), ¿permite el artículo 24, apartado 1, en relación con los artículos 37, apartado 4, y 39 del [Reglamento nº 1257/1999], cuando, en el marco del programa, resulta que no se dispone de fondos presupuestarios suficientes para conceder ayudas por primera vez, que el Estado miembro:

a)      modifique las normas y requisitos originales relativos a la solicitud y a la concesión de ayudas agroambientales y prevea que las ayudas únicamente puedan solicitarse si en el ejercicio presupuestario precedente se ha adoptado una decisión de concesión de ayuda a favor del solicitante y, por consiguiente, éste está sometido a un compromiso vigente de producir de modo favorable para el medio ambiente, o

b)      reduzca proporcionalmente la ayuda a todos los solicitantes que cumplan los requisitos para percibir una ayuda agroambiental?»

Fallo

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:

Las disposiciones del artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan determinados Reglamentos, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 2223/2004 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, en combinación con los artículos 37, apartado 4, y 39 de dicho Reglamento, no se oponen a que un Estado miembro restrinja, debido a la insuficiencia de fondos presupuestarios, la categoría de beneficiarios de ayudas al desarrollo rural a los agricultores en favor de los cuales se adoptó una decisión de concesión de dicha ayuda con cargo al ejercicio presupuestario anterior.

Ver la resolución judicial completa aquí.



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